Aprobado el proyecto de ley para proteger a quienes informen sobre casos de corrupción

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La futura ley de protegerá a las personas que informen sobre casos de corrupción ha dado este martes un paso más en su tramitación. El Consejo de Ministros ha aprobado definitivamente el anteproyecto de ley, tras hacerlo de forma inicial hace más de seis meses.

En realidad, se trata de una directiva europea de finales de 2019, que España y el resto de países afectados deberían haber traspuesto a sus respectivas legislaciones el pasado mes de diciembre. Casi todos ellos han incumplido ese plazo, algo que es frecuente en las trasposiciones de normas europeas a los ordenamientos nacionales.

La titular de Justicia, Pilar Llop (PSOE), ha comparecido ante los medios tras el Consejo de Ministros para explicar este nuevo paso de la futura ley, cuyo objetivo es «proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho» en los ámbitos público y privado tanto a nivel nacional como europeo. Así, cualquier ciudadano o funcionario público podrá denunciar posibles irregularidades en operaciones, subvenciones o adjudicaciones sospechosas y dispondrá de una «protección real y efectiva» ante cualquier represalia contra él o su entorno familiar.

1.000.000 de euros de multa

Es la sanción máxima para las organizaciones que hagan denuncias falsas, hasta 300.000 si son personas

Para ello, se establecerán «canales protegidos de información y la prohibición de cualquier represalia», informa el ministerio. Entre otras medidas, los partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y empresas con más de 50 trabajadores estarán obligadas a habilitar esos canales, en los que se podrá denunciar de forma anónima.

Denuncias falsas

Eso sí, el Ministerio de Justicia recuerda que la futura ley también contempla sanciones para quienes denuncien públicamente supuestos casos de corrupción «a sabiendas de su falsedad», que pueden llegar a 300.000 euros para las personas físicas y a un millón de euros para empresas o partidos políticos.

Llop ha insistido en que esta normativa «nos va a hacer mejorar como país en rankings que elaboran organizaciones internacionales», como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa o Transparencia Internacional. En el último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por esta ONG, correspondiente a 2021, España se situó en el número 34, tras empeorar dos posiciones con respecto al año anterior. Entre los 27 países de la Unión Europea, quedó en el puesto 14, justo en la mitad del ranking.

La ministra de Justicia confía en que esta nueva ley «va a ayudar a concienciar y aumentar las informaciones por corrupción al crear un clima de confianza entre el informante y la Administración». Además, ha agradecido la «valentía» de aquellas personas que han denunciado casos similares «a costa de un enorme precio personal». «Seguro que su vida con este texto hubiera sido mucho más fácil», ha sentenciado Llop.

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