Caso Alquería: qué se juzga en el primer gran caso por la gestión del PSPV-PSOE y Compromís en las Administraciones valencianas

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Lunes frenético en la Ciudad de la Justicia de Valencia. El curso judicial arranca en la capital del Turia con dos casos de extraordinaria magnitud: el presunto encubrimiento de Mónica Oltra y la Conselleria de Igualdad en relación a los abusos sexuales por parte de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat y la causa que investiga al expresidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por la supuesta simulación de contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra. La presunta malversación de fondos públicos ha sido cifrada en 1,2 millones de euros.

En relación al segundo, se trata del primer gran caso por la gestión del PSPV-PSOE y Compromís en las Administraciones valencianas, que sienta a quince personas en el banquillo de la Sala Tirant II de la Audiencia Provincial de Valencia hasta el próximo 25 de noviembre en un total de 21 sesiones.

El primer edil de Ontinyent, ahora bajo las filas del partido independiente La Vall ens Uneix que fundó él mismo, copará todo el foco mediático del conocido como ‘Caso Alqueria’, del que ya han transcurrido más de cuatro años desde que se produjera la operación policial en la que fue detenido y procesado. Tanto Rodríguez como otros catorce altos cargos están acusados de malversación y prevaricación por simular contratos en Divalterra -antigua Imelsa-, presuntamente enfocados para beneficiar a miembros y otras personas afines a Compromís y al PSOE valenciano.

La Fiscalía Anticorrupción pide ocho años de prisión y veinte de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Valencia, al mismo tiempo que extiende la misma petición de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de la Corporación provincial Ricard Gallego, al asesor Manuel Reguart y para dos exgerentes de Divalterra, Agustín Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSOE). Asimismo, la acusación particular ejercida por el Partido Popular pide 18 años de prisión y 15 de inhabilitación para Rodríguez.

Una actuación «arbitraria y caprichosa»

Fue el 27 de junio de 2018 cuando el expresidente de la Diputación valenciana fue detenido junto a sus gerentes, su secretario y dos asesores, mientras simultáneamente se registraban sedes del organismo provincial, del Ayuntamiento de Ontinyent y sus propias viviendas. Una noche en prisión y al día siguiente, en libertad con cargos, pero con la sensación de haber desperdiciado el cariño y la buena sintonía existente entre Rodríguez y Ximo Puig.

Un caso que salpica directamente a socialistas y a Compromís y por el que Rodríguez fue destituido e inmediatamente sustituido por Toni Gaspar, desde entonces máximo responsable de la Corporación provincial. Desde el entorno de Rodríguez se tildó la operación policial de «desmedida» y evitaron la acusación de «corrupción» apuntando a un simple «causa administrativa».

Imagen de archivo del expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez MIKEL PONCE

Tan solo un año después, Rodríguez consolidó su vitola de ‘profeta en su tierra’ y volvió a presentarse a la alcaldía de Ontinyent tras crear un nuevo partido, La Vall Ens Uneix, con el que cosechó un éxito incontestable dejando al PSOE sin representación y obteniendo un diputado provincial al mismo tiempo que avanzaba la investigación judicial contra él.

El origen de la misma se remonta a noviembre de 2015, cuando sus dos gerentes, Jesús Ramón Tiller y Agustina Brines, reestructuraron la empresa pública Divalterra para crear nuevas secciones para elegir cargos de su confianza. De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, esta fue una actuación «arbitraria y caprichosa», mediante unos «artificios» ideados para responder a unas contrataciones motivadas por el «puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente».

Dichos contratos se llevaron a cabo gracias a un informe favorable después de otros doce en contra, tanto de despachos internos como externos. El juez instructor elevó a 1,1 millones de euros el perjuicio para la Administración pública dentro de un «plan preconcebido» por Rodríguez y su círculo más íntimo. Unas prácticas que, según la Fiscalía, revelan la creación de una «estructura de gobierno» paralela a la «auténtica voluntad del Consejo» y y que estuvo formada únicamente por los consejeros de los partidos que sustentan la Diputación de Valencia.

Por su parte, Rodríguez siempre ha defendido que este caso «no debería haber existido» y se ha mostrado seguro de que «todo acabará bien» porque «la verdad solo tiene un camino». En diversas declaraciones públicas que ha ido realizando a lo largo del proceso, ha sostenido que para «lo único que ha servido» esta causa «es para generar dolor y desperdiciar recursos públicos».

En escritos presentados ante el Juzgado ha alegado que no les constó advertencia alguna de la posibilidad de que los contratos fueran irregulares y mucho menos delictivos. Asimismo, defiende que no tuvo intervención alguna en la contratación de los responsables de área y algunos de ellos ni siquiera lo conocían y viceversa.

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