El Supremo concluye que Griñán y el resto de condenados de los ERE «debían y podían» evitar la malversación

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El Tribunal Supremo considera suficiente acreditado el descontrol en la gestión y pago de las ayudas del caso ERE. Así lo asegura en la sentencia cuyo fallo fue adelantado el pasado julio y que confirma las condenas por el fraude de más de 680 millones de euros que implica, entre otros, a los expresidentes socialistas Manuel Chaves (nueve años de inhabilitación) y José Antonio Griñán (seis años de prisión). Los acusados «tuvieron conocimiento de la gestión concreta de las ayudas» y «debían y podían» evitar que el procedimiento ilegal continuara. Sin embargo, no hicieron nada.

En la sentencia, que cuenta con un voto particular suscrito por dos magistradas contrario a la malversación (precisamente el delito penado con cárcel), la Sala Segunda asegura que Griñán, en cuyo nombre ya hay peticiones de indulto sobre la mesa de Justicia, conocía el desvío de fondos, primero como consejero de Economía y Hacienda y, después, como presidente de la Junta de Andalucía. No en vano, recuerda el TS, era el destinatario de los informes de control financiero permanente de la agencia IDEA.

Tanto el expresidente andaluz como el resto de acusados «tuvieron conocimiento del uso del procedimiento descrito y de las conclusiones de la Intervención», dice el Supremo, y pese a ello, «posibilitaron y permitieron que, año tras año se siguiera reproduciendo” ese mecanismo.

A juicio de los magistrados, la sentencia de la Audiencia de Sevilla «describe con suficiencia la acción nuclear del delito de malversación», que consiste en disponer de fondos públicos con destino a fines distintos de los previstos en la ley, entendiendo por tal «la concesión libérrima de subvenciones, incumpliendo de modo general y absoluto los requisitos y procedimientos de control establecidos en la ley». Pese al conocimiento que Griñán tenía de las irregularidades que se producían en la gestión y disposición de los fondos públicos, «permitió que se siguiera produciendo esa irregular situación año tras año».

Presupuestación

«Estos hechos que por sí mismos serían suficientes para ser incardinados en el delito de malversación», dice el Supremo pero es que además, «deben ponerse en conexión con el resto del relato fáctico que permite vincular la irregular gestión de los fondos con el también irregular criterio de presupuestación utilizado».

Así, los magistrados aseguran que Griñán, «con conocimiento de los incumplimientos en la gestión presupuestaria de las ayudas y de la indebida presupuestación», intervino en la tramitación y aprobación de los presupuestos de los años 2005 a 2009 y en las modificaciones presupuestarias que se aprobaron en dicho período, mediante las que se puso a disposición de la Consejería de Empleo dentro del programa 31L diferentes cantidades (…) para que se gestionaran sin sujeción a la fiscalización de la Intervención y sin necesidad de tramitar expediente alguno».

Pero no solo eso: conoció el déficit presupuestario por la «asunción de compromisos por encima de la cobertura presupuestaria» que se reflejaban en los informes de cuentas anuales de IFA/IDEA y la gravedad de la situación creada como consecuencia directa de la gestión presupuestaria del programa 31L, mediante la utilización de las transferencias de financiación.

«Tuvo capacidad de impedirlo»

En definitiva, se declara probado que Griñán, entre otros, intervino en la dotación de fondos a través de un sistema de presupuestación ilegal con conocimiento de las consecuencias que ello podía tener en la gestión, también que «conoció las ilicitudes perpetradas con esos fondos» y, por último, que «como consecuencia de las competencias que la correspondían, al ejercer las más altas funciones dentro del Gobierno de la Junta de Andalucía, tuvo capacidad de impedir ese modo de gestión». Por todo ello, «no ofrece duda la vinculación del señor Griñán, no sólo con la presupuestación sino con la gestión de los fondos, actuación ésta que no puede ser calificada como ajena, desconocida o desconectada con el ejercicio de sus funciones públicas».

Los magistrados admiten que, como sostiene el voto particular de las magistradas, Griñán no tuviera conocimiento de «buena parte de las numerosas ilegalidades» que se estaban produciendo en la concesión de ayudas. Sin embargo, dicen, para que surgiera el deber de actuar, impidiendo la financiación del ilegal sistema implantado, no era necesario un conocimiento exhaustivo de todas y cada una de las ilegalidades. Bastaba el contenido de los informes aludidos, que ya daban cuenta no sólo de una situación manifiestamente ilegal, mantenida en el tiempo, sino de un absoluto descontrol y despilfarro en el manejo de los fondos públicos».

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