La Junta propone volver al carbón y aplazar el cierre de nucleares

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El Gobierno de España tiene ya en su poder el documento de la Junta con su propuesta para hacer frente al contexto energético actual. A partir del rechazo al decreto-ley aprobado por el Ejecutivo nacional, Castilla y León ha diseñado un plan que se basa en cuatro objetivos e incluye 18 medidas. Entre ellas, «la utilización de toda la capacidad de generación eléctrica, incluso mediante carbón allí donde todavía resulte técnicamente posible de acuerdo con las orientaciones europeas, aun cuando se trate de una medida temporal a corto plazo».

La segunda propuesta, que supondría un drástico giro en la política energética nacional, es la reprogramación del calendario de cierre de la capacidad de generación nuclear, tal y como dispone la Comisión Europea, que lo considera técnicamente viable. También se apuesta por reprogramar los fondos comunitarios para incrementar los destinados a ayudas al autoconsumo eléctrico y almacenamiento; activar «masivamente» el Plan Renove de caldera, o impulsar el sector de la biomasa reduciendo los impuestos a biocombustibles como pellets o astillas.

El documento ha sido dado a conocer este jueves, al término del Consejo de Gobierno, por el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, quien ha destacado la necesidad de que se elabore un plan nacional que nazca del diálogo y el consenso y que incluya el objetivo de bajar el precio de la energía. A partir de los principios de la voluntariedad de las medidas de ahorro en los sectores privados y de obligatoriedad en las administraciones, la propuesta de la Junta hace hincapié en que las posibles actuaciones deben «minimizar sus efectos sobre la actividad económica». 

Además, se apuesta por medidas a través de incentivos y actuaciones ejemplarizantes y «en ningún caso mediante mecanismos coercitivos y sancionadores». En este punto, el consejero de Economía ha asegurado que aunque la Junta tiene capacidad de inspección, la prioridad no es sancionar». «Una administración no puede dejar de hacer sus deberes para concentrarse en sancionar a comercios y hosteleros» cuando, además, «son víctimas, no culpables». «Vamos a estar a su lado, apoyándoles», ha insistido, sobre la base de que son las empresas los que saben qué medidas tienen que adoptar para bajar su consumo energético y, por lo tanto, la factura. «Es equivocado pensar que lo sabemos las administraciones».

El próximo miércoles volverá a celebrarse la Conferencia Sectorial de Energía en la que están presentes el Ministerio y las comunidades. Para entonces, ha advertido el consejero, «sería bueno saber qué es lo que el Gobierno quiere hacer», una vez que ya tiene las propuestas de las autonomías.

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