«Nada en el caso por la muerte de Déborah ha sido accidental»

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Una caja de cartón sin rotular con pruebas de un crimen sin resolver que aparece en una comisaría madrileña veinte años después. El hallazgo podría limitarse a una anécdota de telediario si detrás de este legajo despistado en el tiempo no hubiese un encadenado de negligencias capaces de sacar los colores al investigador menos avezado. Para la familia de Déborah Fernández, que el teléfono de la joven viguesa asesinada en 2002 haya aparecido en una mudanza, con el caso prescrito y sin tarjeta SIM, no es coincidencia. Porque los Fernández-Cervera saben bien lo que es la mala suerte; los acompaña desde la tarde que la chica desapareció cuando volvía de hacer deporte por la playa de Samil. Y lo que vino después, los años de despropósitos policiales en su lucha por conocer la verdad, confiesan, van más allá de una mala jugada del destino. «Hablamos de algo muy grave porque si esas pruebas llevan a apuntar hacia otra vía o a un colaborador ya no podríamos hacer nada«, explica Rosa Fernández a ABC sobre el último giro en un caso que desde febrero de 2022 cuenta con un único investigado, el exnovio de Déborah, eterno sospechoso para la familia y única línea de trabajo activa tras la prescripción del caso.

Yendo un paso más allá del simple descubrimiento de la caja, la hermana de la fallecida lanza una pregunta al aire que lleva años sobrevolando estas pesquisas y que desempolva la teoría de la mano negra. «Lo que me gustaría saber es si en las obras de Canillas han aparecido nuevas pruebas de más casos o es solo la caja extraviada de Déborah, porque sería bastante significativo. Nada en el caso de mi hermana ha sido accidental. Si fuese algo aislado, dejaría el beneficio de la duda, pero viendo todo el encadenado me siento maltratada«, agrega Rosa sobre la guinda de un pastel de errores policiales que llevan décadas complicando los avances en la investigación, pese a la obstinación de la familias por hacer justicia.

Empezando por el propio móvil de Déborah, la acusación siempre ha criticado que la joven desapareció en 2002 pero hasta 2006 «nadie nos pidió ni el teléfono ni el ordenador de mesa». Cuatro años perdidos que derivaron en la entrega de los aparatos electrónicos a los agentes. Sin embargo, «no hay actas en las que se analice el móvil». «Cuando solicitamos que se nos devuelva para hacer una pericial, en 2010, nos contestan diciendo que ellos no tienen constancia de que ese teléfono haya estado en dependencias policiales nunca y que lo único que consta es un atestado diciendo que lo vieron, pero que ellos nunca lo han tenido. Cuando a la Policía le reclamamos ese teléfono poco menos que nos tildaron de locos. Y mira qué locos estábamos«, se quejan a la vista de los acontecimientos.

No corrió mejor suerte el ordenador de la fallecida, que cuando por presión de la familia fue analizado por los agentes de la Guardia Civil, tras años depositado en un almacén bajo custodia, «se les incendió y casi queman el disco duro». De ahí fue a parar al servicio de Ingeniería del Instituto Armado, que respondió que «no había un laboratorio adecuado para la pericia encomendada«, por lo que la acusación insistió para que el informe lo realizasen los expertos de Lazarus, los mismos que desentrañaron el iPhone de Diana Quer. La sorpresa llegó cuando determinaron que el contenido del equipo había sido borrado por una mano profesional y estando en dependencias policiales. Pero la lista de supuestos errores no se detiene aquí.

La exhumación

Volcados en tirar de todos los hilos que fuesen precisos para dar con el culpable de la muerte, los familiares solicitaron al juzgado la exhumación del cuerpo de la joven. Querían examinarlo de nuevo porque temían que una primera autopsia podría haber pasado cosas por alto. Dicho y hecho. En esta segunda prueba se localizó ADN masculino bajo las uñas de Déborah —en las que no se había reparado— y se probó mediante radiografías —en su día no se le realizó una de cuerpo completo— que la viguesa no había fallecido de muerte súbita, una de las hipótesis que soportó la investigación los primeros años y que lastró otros canales de investigación.

Más allá del cadáver de la víctima, en un primer momento no se encontraron pruebas que pudiesen relacionarse con los diez días que mediaron entre la desaparición de la chica y la aparición del cuerpo en una cuneta a 40 kilómetros de su casa, perfectamente preparado. Había sido lavado, y sobre sus partes íntimas reposaban unas hojas cuidadosamente colocadas. El semen introducido post mortem dentro de su vagina, el preservativo usado y una cuerda verde formaron parte del atrezzo ideado para despistar a los investigadores y hacerlos pensar en una violación con resultado de muerte. Pero las cosas, a menudo, no son lo que parecen.

Los investigadores privados contratados por la familia dieron con un arcón congelador propiedad de la expareja de la víctima que despertó sus sospechas. La autopsia confirmó que el cuerpo de Déborah permaneció en un lugar «seco y oscuro» desde que la mataron hasta que se deshicieron de su cuerpo, así que forzaron el examen del frigorífico. Pero, aseguran los letrados de la familia en boca de un testigo de la inspección, «se perdió el primer pelo hallado en el arcón» al caerse al suelo del garaje en el que lo estaba revisando.

La viguesa desapareció en 2002 pero hasta cuatro años después no se analizó ni su móvil, que después se perdió, ni su ordenador

La viguesa desapareció en 2002 pero hasta cuatro años después no se analizó ni su móvil, que después se perdió, ni su ordenador

Las piedras en el camino de los Fernández-Cervera no han sido pocas a lo largo de los años. A la lentitud en la realización de algunas pruebas fundamentales se suman, censuran, las contradicciones del entorno del ahora investigado y de él mismo. Un partido de fútbol celebrado en el margen horario en el que Déborah desaparece fue la coartada que bloqueó cualquier acusación contra la expareja durante décadas. Sin embargo, existen mensajes en los que se indica que el sospechoso llegó tarde a ese encuentro. Tampoco coincide el testimonio de sus padres y el de algunos amigos, aunque nunca se ha llegado a ahondar en estos puntos ciegos. Sobre el día de los hechos, quedó constancia de que el investigado había hablado por teléfono con la víctima, se cree que incluso habían quedado, sin embargo el listado de llamadas del teléfono fijo de la casa de Déborah «llegó con 18 números borrados». Y el del sospechoso, ese «nunca se llegó a incorporar a la causa». La acusación tampoco olvida que un testigo alertó del mal olor procedente del coche del exnovio a los pocos días de la sonada desaparición, y de que el agente que se desplazó a comprobarlo «ni siquiera le mandó abrir el maletero» porque aceptó la versión de que era una caja de langostinos en mal estado.

El suma y sigue en este caso es tan interminable como las quejas que la acusación ha interpuesto ante el juzgado competente. Siete instructores, tres fiscales y hasta seis equipos de investigación distintos sin que por el momento se haya sentado a nadie en el banquillo. La familia de la joven, que se despidió de la vida con 22 años, espera ahora que la Audiencia de Pontevedra apruebe la constitución de un jurado popular que, de seguro, no pasará por alto estos veinte años de viacrucis que desembocan en un crimen aún sin juzgar.

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